Chile no fue el segundo país en
abolir la esclavitud, como se ha dicho con motivo de la promulgación de la Ley
Zamudio -ley que deseamos rija de verdad y no sea escamoteada-. La abolición de
la esclavitud costó mucho y aun después de promulgada la ley, los dueños de
esclavos se negaban a cumplirla. Dicha ley se decretó en 1823, durante el
gobierno de Ramón Freire (1787-1851) quien, tras la abdicación de O’Higgins,
fue elegido Director Supremo. Con
anterioridad a la legislación chilena, Toussaint Louverture ocupa Santo Domingo
y proclama la libertad de los esclavos en 1801. Dinamarca prohíbe el tráfico de
esclavos en 1803. En 1791 los esclavos se rebelan en Haití y en 1804 declaran
su independencia. La Convención decretó la abolición de la esclavitud en Francia
y sus colonias en 1793, pero en 1802 Napoleón Bonaparte la restableció. 1817:
Francia prohíbe la trata. Sólo en 1848 quedó abolida la esclavitud en todas las
colonias francesas. En 1810 Miguel Hidalgo proclama la abolición de la
esclavitud en México. El Supremo Poder Executivo Provisorio de las Provincias
Unidas del Río de la Plata decreta, el 2 de febrero de 1813, la libertad de
todos los esclavos nacidos desde el 31 de enero de 1813 en adelante. Simón
Bolívar decretó la abolición de la esclavitud en 1816; vuelve a plantear la
situación de la esclavitud en el “Discurso de Angostura”, de 1819, y nuevamente
en el Congreso de Cúcuta en 1821. No podemos olvidar que bajo el gobierno de
José Miguel Carrera se promulgó en Chile, el 15 de octubre de 1811, el decreto
de abolición de la esclavitud. Correspondió al prócer Manuel de Salas la
paternidad de esa Ley de Libertad de Vientres, que proclamaba: “Todo hijo de
esclavo nacido en Chile, o aquellos esclavos que pisen el territorio nacional,
serán considerados hombres y mujeres libres”. Carrera señaló que “la esclavitud
es incompatible con los sentimientos de los pueblos libres”, decretó la
libertad de los esclavos y formó el primer batallón para defender la
independencia de Chile, núcleo del futuro ejército nacional. El Batallón de los
Infantes de la Patria estaba formado por doscientos africanos y mulatos libres,
y tuvo su origen en el Batallón de los Pardos.
No olvidemos los nombres de los únicos caballeros que acataron la Ley de
Libertad de Vientres de 1811 y manumitieron a sus esclavos. Fueron sólo cinco:
José Miguel Carrera, Juan Pablo Fretes, canónigo de la catedral de Concepción,
Antonio José de Irisarri, Santiago Pérez y José Antonio de Rojas.
Esa ley fue muy obstaculizada y los patricios, en connivencia con el clero,
hacían constar la calidad de esclavos en las partidas de nacimiento cambiando
fechas. Un nuevo decreto, del 25 de mayo de 1813, obligó a los párrocos a
borrar la nota de esclavos en las partidas, y a omitirla en adelante.
Regimiento de "ingenuos"
La ley fue aprobada por
unanimidad. Pero después vinieron las protestas, las maquinaciones, la defensa
de la “propiedad de los esclavos”, la exigencia de indemnizaciones. Como los
esclavos africanos estaban dispuestos a pagar la libertad con sus vidas, fueron
los primeros en acudir, en contra de la voluntad de sus amos, al llamado
independentista de José Miguel Carrera. Se trataba de contener la invasión
española comandada por el general Osorio. Muchos esclavos se fugaron para incorporarse
al ejército patriota. Por decreto de 29 de agosto de 1814, la Junta encabezada
por Carrera creó el Regimiento de Ingenuos de la Patria: “Tal era el título
-dice dicho decreto- del brillante cuerpo que van a componer esos miserables
esclavos que, con infamia de la naturaleza y oprobio de la Humanidad, han
llevado hasta aquí el yugo propio de las bestias”. Este decreto promete la
libertad al instante mismo del alistamiento. La palabra “ingenuo” es, en este
caso, un término jurídico que significa “que nació libre y no ha perdido su
libertad”. Pero lo cierto es que prevaleció el respeto a la propiedad y los
amos no respondieron a los dictados del gobierno. Se negaron a dar la libertad
a los esclavos. Carrera promete que “su valor (que será apreciado con
exactitud) se pagará progresivamente a los amos, con la mitad del sueldo que en
cada mes deben gozar los soldados hasta completar su estimación”. Pero los
esclavos seguían siendo esclavos, incluso aquellos que se enrolaban en el
ejército. No se cumplía el decreto de 1814. Hasta hubo un esclavo que luchó por
la libertad de Chile, y como fue obligado a volver con su amo, quiso zafarse de
la esclavitud dedicándose al sacerdocio. Tampoco se lo permitieron. Por su
parte, el jefe de gobierno, general Freire, representaba una política
marcadamente colonial y era secundado por su ministro Mariano Egaña. Como
señala Feliú Cruz: “Egaña no creía en la democracia y prefería que las masas
siguieran viendo en el poder, generado en un grupo o casta, lo intangible, lo
absoluto, lo impersonal, casi lo divino de ese atributo”. El Gobierno usó todos
los subterfugios imaginables para impedir la aplicación de la ley. Llegó a
vetarla. Egaña consideraba que tal ley “atentaba contra el derecho de
propiedad” y era “un atropello, un despojo violento, la coacción de un
derecho”. Insistió en la indemnización, aún a costa del erario nacional o por
suscripción pública.
Esclavistas acérrimos
Los esclavistas usaron toda clase
de triquiñuelas. Llegaron a presentar al Senado un documento “firmado” por
doscientos esclavos que solicitaban seguir siéndolo. En tal documento no
aparecen las firmas, solo cruces. Los patricios recurrieron entonces a las
madres de familia, que hicieron una presentación para abrogar la libertad de
los esclavos con tal insolencia, que el Senado la devolvió “porque falta el
decoro debido a las autoridades”. (Esa movilización de las madres patricias es
el más claro precedente de la marcha de las cacerolas y de las acciones contra
los militares constitucionalistas en el periodo de la Unidad Popular). En
cambio, Freire, el Director Supremo y su ministro Egaña, hallaron esa
presentación “demasiado fundada”. La esclavitud rompía fronteras. En 1821 el
gobierno fue notificado de que se habían introducido nuevos esclavos al país. El
inciso primero del artículo 4º y en el artículo 6° de la Constitución
sancionada y promulgada el 30 de octubre de 1822, bajo el gobierno de
O’Higgins, dice: “Son chilenos todos los nacidos en el territorio de Chile y
todos los chilenos son iguales ante la ley sin distinción de rango ni
privilegio”, por el que quedaba abolida la esclavitud. Pero sólo tuvo vigencia
menos de tres meses, ya que el 28 de enero de 1823 caía el gobierno. Bajo el
gobierno de Freire, José Miguel Infante, valiente defensor de la causa de los
esclavos, luchó contra aquello que Manuel de Salas llamaba “el deshonor de la
Humanidad”.
El discurso de Infante
En sesión del Congreso del 23 de
junio de 1823, Infante propuso el proyecto de acuerdo de “declarar libres a
todos los esclavos existentes en Chile, y a todos los que pisen el territorio
nacional”, no sin antes denunciar la monstruosa condición a que se hallaban
sometidos por los amos. Señaló que la ley de 1811 no se cumplía “primero,
debido a que no inscriben a los hijos de los esclavos, nacidos con
posterioridad a ese acuerdo, en los registros parroquiales, testificando, como
era de su deber, la calidad de libres de esos individuos, antes bien, insisten
en la costumbre de hacerlos figurar como tales, de lo cual se han originado las
más serias disputas entre los esclavos, cuyos hijos nacen libertos, y los
propietarios”. En seguida, Infante
denunció: “La armonía, la tranquilidad, el respeto y la consideración que antes
existían entre amos y esclavos se ha roto, por manera de que lo que antes fue
paternal protección del señor para con el siervo, es, hoy en día, una tiranía
del dueño y una repulsa constante del oprimido a aceptar un imperio basado en
el castigo. Los esclavos, esa materia racional, viva, humillada por el
despotismo de una ley injusta y la avaricia de unos cuantos hombres, defienden
el carácter legal en que nacen sus hijos, como es natural, no alegan por ellos,
que están conformes con su miserable estado, pero no pueden ver impacientes que
sus mujeres sean conducidas al aborto, estrechadas a alumbrar antes de tiempo,
a fin de no conceder la libertad a esos seres, y cuando se resuelven a tolerar
el alumbramiento, con dilaciones especiosas, con recursos calculados, impiden
dejar constancia en los registros parroquiales, de acuerdo con los párrocos, de
que ese individuo era civilmente libre”. Pero las denuncias de Infante iban
mucho más allá y testimoniaban que los amos no trepidarían en nada para impedir
la libertad de los esclavos: “Han sido arrancados de los hogares de sus dueños
como cerca de dos mil esclavos y cuatrocientos jóvenes, para ser llevados a
lejanos fundos: allí se les ha arrojado en miserables galpones para vivir,
atados con cordel para que no puedan fugarse. Algunos han sido marcados a
fuego, porque se han rebelado contra una tal ignominia. Las jóvenes esclavas
han sido entregadas al ludibrio de los trabajadores de las haciendas, violadas
y vejadas, una y mil veces, para hacerlas infecundas por la frecuencia del
comercio del acto. Los matrimonios jóvenes han sido separados y no ha bastado
ni el llanto ni el dolor, la súplica y la agonía de estas pobres gentes, para
merecer el perdón. ¿Es esta conducta la que enseña la caridad cristiana? ¿Es
esto obrar de acuerdo con los principios liberales por los cuales hemos luchado?
Pero ya se ve, los que así han procedido no han tenido ni principios cristianos
ni sentimientos humanos, y de esta manera menos han podido comprender los
ideales liberales. Debería yo denunciar a estos hombres en el Senado; pero no
lo haré todavía, porque espero se convenzan del crimen que cometen y que aún
pueden reparar”.
Constitución de 1823
Finalmente, Infante exclamó: “Son
cuatro mil ciudadanos que gimen bajo el peso de una ley bárbara. Son cuatro mil
conciencias las que lloran su desgracia. Son cuatro mil víctimas las que piden
amparo a los que en nombre del derecho y la dignidad del individuo hemos hecho
la revolución. No podemos negar la libertad que se nos pide, porque
renegaríamos de la causa santa que nos llevó a transformar un régimen político
y social que escarnecía nuestro ideal redentor”.
No había terminado de hablar Infante cuando se produjeron las protestas de una
claque que hacía demostraciones contra la abolición. Ante estas protestas,
Infante dijo con serenidad y firmeza: “Los que defienden la esclavitud no son
más que asesinos que no pueden matar sino esclavos. No se atreven con un hombre
de principios libres”. Se produjo un silencio y el prócer manifestó: “Después
de muerto no querría otra recomendación para la posteridad ni otro epitafio
sobre la lápida de mi sepulcro que se me llamase “autor de la moción sobre la
libertad de los esclavos”.(1)
A todo esto, la noticia voló allende los Andes y los esclavos de Mendoza
comenzaron a huir a Chile con la esperanza de conseguir la libertad. La lucha
continuó hasta que el 29 de diciembre de 1823 se promulgó la Constitución
Moralista de Juan Egaña, en la que se reconocía sin ninguna clase de trabas la
libertad absoluta de los esclavos. Esta intensa lucha ha sido minimizada y hay
historiadores como Francisco Encina que no trepidan en afirmar que la
esclavitud fue desapareciendo en Chile sin trastornos de ninguna especie, que
los esclavos siguieron integrando la servidumbre doméstica, acostumbrados a sus
antiguos amos, y que los hombres en estado de cargar armas se enrolaron en el
ejército, como cualquier ciudadano común y corriente, en circunstancias que en
realidad se enrolaban para defender a la república que les daba la libertad.
El discurso de Infante en el
Senado no se publicó nunca. Se mantuvo deliberadamente oculto. Lo desenterró
Guillermo Feliú Cruz, incluyéndolo en La abolición de la esclavitud en Chile(Editorial
Universitaria. Col. Cormorán, 2.ª edición, 1973. Santiago de Chile. La edición
original apareció en 1942, bajo el sello Ediciones Universidad de Chile, pp.
32-33). Esta segunda edición pasó inadvertida porque apareció en septiembre de
1973… Feliú Cruz señala que “no hizo jamás Infante la denuncia, y acaso fue
mejor, pues así salvaba a la moral y a la historia nacional (sic) de una
tremenda afrenta. Pero su acusación quedó flotando en el ambiente”.
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 767, 28 de septiembre, 2012)